Dos testigos declaran que los festeros nunca justificaron la ayuda municipal. ORIHUELA
José Manuel Espinosa Fenoll, ex interventor municipal del Ayuntamiento y el ex edil Francisco García Ortuño se ratificaron ayer en el juzgado en su denuncia sobre la supuesta falta de justificación de las subvenciones que el Ayuntamiento de Orihuela concedió a la Asociación de Moros y Cristianos Santas Justa y Rufina. Desde el momento en el que ambos testigos realizaron sus declaraciones sobre este asunto ante el fiscal Anticorrupción Felipe Briones dentro del denominado Caso Orihuela a la cita para declarar ayer han pasado cinco años, y media docena de jueces por la sala que tramita el asunto, la de Primera Instancia e Instrucción Número 4. Según indicaron fuentes judiciales estos testigos relataron ayer que las subvenciones, unos sesenta mil euros anuales lo que suman 300.000 euros en el periodo investigado desde 2001-2005 (las diligencias hablaban de un periodo de diez años), sólo comenzaron a justificarse tras hacerse públicas las declaraciones del ex interventor en marzo de 2004 al tiempo que la entonces concejala de Hacienda Paz Chazarra también lo exigió a partir de ese momento.
El Ayuntamiento concedía las subvenciones "a justificar" con el visto bueno de la junta de gobierno, el interventor, en aquel momento José Manuel Espinosa Fenoll, el alcalde -en aquel momento José Manuel Medina-. Según las mismas fuentes la mayoría de consistorios conceden ya las ayudas a posteriori, cuando ya se ha realizado el gasto.
En el sumario figura uno de los testigos aportó un documento en el que los tres grupos de la oposición solicitaban al alcalde en el pleno información sobre la justificación de esas subvenciones. Esa solicitud no fue respondida por la alcaldía. La defensa de la asociación festera mantiene que los gastos están justificados "hasta el último euro" y que en cualquier caso se estaría abordando una irregularidad administrativa que no merece una investigación judicial que hasta ahora tan sólo había indagado en la información, se extiende ya durante cinco años y que pone en duda la transparencia de la entidad, presidida ahora y entonces por Antonio Franco.
Para las mismas fuentes son los denunciantes los que deben demostrar y probar en cualquier caso si se ha dado un uso distinto al destino que debía utilizar esas subvenciones.El convenio del Ayuntamiento no ha llegado.
El Ayuntamiento no ha remitido el documento del convenio que mantiene con la Asociación de Moros y Cristianos a pesar de que el juzgado se lo solicitó en noviembre pasado. Este retraso se suma a una larga tramitación judicial que se remonta a mediados de 2004 cuando los portavoces de la oposición acudieron a declarar ante el fiscal Felipe Briones sobre supuestas irregularidades contables y urbanísticas en el Ayuntamiento. En marzo de 2005 el fiscal remitió su denuncia, desglosada en 15 causas, al juzgado oriolano. En junio de 2008 el juzgado archivó la investigación de las subvenciones y en marzo de 2009 la Audiencia admitió el recurso para que se reabriera.
